Loading images...

El Banco Mundial financia una empresa implicada en violaciones de derechos humanos en Honduras

10 de Enero 2014-. Una investigación interna reveló que el Banco Mundial ha invertido en una empresa de palma africana y alimentos implicada en graves violaciones de derechos humanos en Honduras. La investigación, es una de las más críticas jamás emitidas por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/ Ombudsman (CAO por sus siglas en inglés), organismo de control interno del Banco Mundial, y concluye que la Corporación Financiera Internacional (CFI) -la división del Banco para préstamos al sector privado-, incurrió en las siguientes omisiones:

  • No cumplió con sus propias políticas para la protección de comunidades locales;
  • No fue capaz de detectar el serio contexto social y político en el que esta empresa ha estado –y continúa– operando, y/o en los casos que identificó estas complejidades, no actuó de manera efectiva en reacción a esa información;
  • No reveló información vital del proyecto, no consultó con las comunidades locales, y no identificó el proyecto como una inversión de alto riesgo social.

La CAO encontró que estas deficiencias resultaron, en parte, de estímulos para que el personal de la CFIsubestimará, no manifestará o, incluso, ocultará posibles riesgos ambientales y sociales relacionados con conflictos“; también de presiones hacia el personal para “aprobar créditos con escasa consideración de las inquietudes ambientales y sociales” e igualmente para que “funcionarios del área ambiental y social no alertarán sobre estas deficiencias.

La investigación se centra en un préstamo de la CFI por $30 millones USD otorgado a Corporación Dinant,  empresa productora de aceite de palma y alimentos. La expansión de las plantaciones de aceite de palma en el Valle del Aguán está vinculada con múltiples abusos, entre asesinatos, secuestros y el desalojo forzoso de campesinos. La CAO cita acusaciones de “por lo menos 102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino en el Bajo Aguán, y denuncias específicas que vinculaban 40 de estas muertes a fincas de Dinant, a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista de servicios de seguridad”. Ninguno de estos casos ha resultado en una acusación penal para los perpetradores. La CAO también resalta la posición de Dinant frente a estos hechos, basada en que “la violencia denunciada no tiene vinculación directa con Dinant, o bien consistió en actos de legítima defensa por parte de su personal de seguridad.

Organizaciones de la sociedad civil hondureña y a nivel global –incluyendo el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (Honduras), Movimiento Madre Tierra (Honduras), Rights Action, SOMO (Países Bajos), Urgewald (Alemanía), Bank Information Centre, Oxfam, Global Witness, y el Centro para Ley Ambiental Internacional– llaman al presidente del Banco Mundial, Jim Kim, a que tome medidas inmediatas para suspender la financiación a Dinant, le exija a Dinant que se abstenga toda acción de violencia dirigida a los campesinos de la zona y se encuentre una solución pacífica y sostenible al conflicto agrario. Además, Kim debe garantizar que el personal de la CFI que no identificó y abordó adecuadamente los riesgos del proyecto se haga responsable.

Juan Almendarez, Director de Madre Tierra en Honduras y miembro de la Plataforma Agraria dijo: “Condenamos las políticas del Banco Mundial que apoyan las violaciones los Derechos Humanos de las familias y cooperativas campesinas en el Bajo Aguán, por lo que consideramos injusta y anti humana la respuesta del Banco Mundial al resultado de la Auditoria de la CAO.

Según Knud Voecking de la ONG alemana NGO Urgewald: “Las inversiones del Banco Mundial deberían mejorar la vida de las comunidades locales, o por lo menos no ponerla en peligro. Este informe revela que en el caso de Dinant, el Banco Mundial fracasó en ambos frentes. El Banco Mundial debe detener todos los desembolsos pendientes a Dinant hasta que se tome acción decisiva para garantizar la justicia par a las víctimas de los asesinatos y desalojos forzosos y para evitar nuevos abusos“.

A pesar de los graves señalamientos resultantes de la investigación de la CAO, la CFI rechazó algunos de los resultados, sin especificar cuáles o proporcionar evidencias para apoyar este rechazo. También señaló el apoyo dado a Dinant desde el año 2010 para mejorar sus políticas y prácticas y produjo un corto plan de acción.

Yoni Rivas, Secretario General del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y miembro de la Plataforma Agraria dijo: “Repudiamos que la respuesta de la Administración del Banco Mundial a la auditoría de parte de la CAO, no haya tomado en cuenta las violaciones a los Derechos Humanos en contra de los campesinos y las campesinas en el Bajo Aguan, víctimas directas de Corporación Dinant.

Rivas agregó: “Lamentamos que el presidente del Banco Mundial, Jim Kim, pese a las muestras de preocupación de los sectores, no haya tomado en cuenta las exigencias de las organizaciones campesinas afectadas por Corporacion Dinant, al momento de emitir la declaración y el plan de acción como respuesta a las conclusiones del CAO.

Kris Genovese, investigador senior de SOMO, dijo: “Si bien la voluntad del presidente Kim para responder a las conclusiones de la CAO es bienvenida, el contenido del Plan de Acción es totalmente inadecuado y podría describirse más bien como un ´plan de inacción´. La CAO señala que durante los cinco años desde la aprobación del préstamo de la CFI, Dinant se ha negado a alinear sus políticas y prácticas en  cumplimiento con los estándares sociales y ambientales de la CFI, por lo que un plan de acción que promete más de lo mismo por parte de la CFI no tiene muchas esperanzas. El Plan de Acción no ofrece garantías de que ayudará a detener la violencia en el Valle del Aguán, responder ante las preocupaciones de las comunidades afectadas, ni que la CFI retendrá el desembolso pendiente de 15 millones de dólares“.

Peter Chowla, Coordinador del Proyecto Bretton Woods en el Reino Unido, dijo: “El informe de la CAO demuestra que las políticas y procedimientos de la CFI tienen deficiencias graves considerando los ¨conflictos de interés e incentivos contradictorios¨ para el personal de la CFI. Por ejemplo, el hecho de que el especialista ambiental principal trabajando en el proyecto fuera reemplazado después de proponer un enfoque basado en el cumplimiento estricto de las normas de la CFI, dice mucho acerca de una cultura interna de la CFI que se centra en hacer dinero sin tener en cuenta los daños ambientales y sociales. Esto es inaceptable para una institución pública“.

Jocelyn Medallo, Abogado Senior del Centro de Derecho Ambiental Internacional, dijo: “Consideramos esto como un caso de prueba para el compromiso del Presidente Kim para aprender de los errores del pasado. El caso Dinant trágicamente pone de relieve la necesidad de revisar el enfoque del Grupo del Banco Mundial para la gestión de riesgos relacionados con los derechos humanos.

Notas de contexto:

(1)   La investigación de la CAO dice: “Según fuentes de la sociedad civil, entre enero de 2010 y mayo de 2013 hubo por lo menos 102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino en el Bajo Aguán, y denuncias específicas que vinculaban 40 de estas muertes a fincas de Dinant, a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista de servicios de seguridad. También ha habido denuncias en relación con el asesinato de por lo menos nueve miembros del personal de seguridad a manos de afiliados del movimiento campesino.” “Al reproducir estas denuncias, se consigna también la posición de Dinant tal como la empresa la transmitió a la CAO, esto es, que los asesinatos de campesinos ocurridos en el Aguán o bien no guardan relación con Dinant ni con su personal de seguridad o constituyen actos de legítima defensa por parte de su personal de seguridad.

(2)   La CFI afirma en su respuesta que en el momento de la aprobación del préstamo en 2008 “los riesgos del proyecto eran manejables” y que “no hay evidencia de las reclamaciones de tierras“. Pero el párrafo 36 del informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios constata que el conflicto data de mucho antes de 2008 y que la validez de la venta de tierras a Dinant en la década de 1990 fue fuertemente cuestionada por los agricultores. Este informe de la ONU también hace hincapié en la falta de supervisión y control estatal del sector de la seguridad privada (párrafos 30, 31, 35), con lo que cuestiona cómo la CFI se asegurará de que los abusos cometidos por guardias de seguridad privados y las empresas serán procesados y llevados ante la justicia.

(3)   El informe de la CAO, junto con la respuesta de la CFI, está disponible en:

http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/DinantAuditCAORefC-I-R9-Y12-F161_ENG.pdf   y        http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IFCResponsetoCAOAuditofDinant_Jan32014.pdf

Post a Comment