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Disparos desde una camioneta de vidrios entintados: ¿tú qué harías?

Los ciudadanos que reclaman sus derechos sobre las tierras de Marinakué en Paraguay son objeto de intimidación y amenazas.
curuguaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Por Stephanie Burgos, Asesor Senior en Políticas de Oxfam

Residentes del municipio de Amliang en la provincia Kampong Speu en Camboya se sentaron conmigo para contarme como un “barón del azúcar” los forzó a abandonar las tierras donde habían vivido durante generaciones. Al día siguiente, de regreso a mi hotel en Phnom Penh, mientras reflexionaba sobre aquella comunidad y su fortaleza, mis pensamientos fueron interrumpidos por una colega en Paraguay quien había recibido  terribles noticias de personas enfrentando una situación similar.

Al otro lado del mundo, una comunidad desplazada en la región de Curuguaty enfrentó un tiroteo desde una camioneta dirigido a familias que reclaman su derecho a la tierra. Aunque los informes iniciales indicaron que no hubo víctimas, los miembros de la comunidad interpretaron los disparos indiscriminados como un mensaje de intimidación. Fueron para desistirlos de sus esfuerzos por reclamar justamente las tierras de Marinakue.

Al igual que la comunidad en Camboya, hace dos años la población en Curuguaty fue expulsada violentamente gracias a un “barón de soja” paraguayo, cuya empresa reclamó tierras que pertenecían al Estado y que supuestamente deberían ser distribuidas a pequeños agricultores. Diecisiete personas perdieron la vida en los enfrentamientos del 15 de Junio 2012. Pero todavía no ha habido un informe oficial e independiente de lo que paso aquel día. Al contrario, varios miembros de la comunidad han sido injustamente encarcelados y acusados de ocupación de tierras privadas, y por consiguiente de acciones violentas.

Pero no son tierras privadas. El mes pasado, el Instituto Gubernamental de la Tierra de Paraguay confirmó que las tierras de Marinakue pertenecen al Estado. Sin embargo, la compañía de soja sigue utilizando los tribunales para tratar de recuperar la tierra mediante un proceso de compra irregular, aun cuando la Corte Suprema de Justicia paraguaya ya se ha pronunciado contra la compañía. Mientras tanto, el juicio contra los miembros de la comunidad ha sido aplazado hasta el 17 de noviembre, sin ninguna garantía que será justo.

En respuesta a esta grave situación, Oxfam, conjuntamente con la alianza paraguaya Articulación por Curuguaty y familias afectadas, ha lanzado la campaña Jóvenes sin tierra = tierra sin futuro. Con el soporte de miles de personas en Paraguay y en el mundo, incluyendo el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, la campaña está pidiendo al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que entregue la tierra pública de Marinakué a las familias y a los jóvenes campesinos de Curuguaty, y que garantice la justicia en este caso. Dos años después de la masacre, la cual precipitó la destitución del presidente Fernando Lugo, las familias afectadas todavía están manteniendo un campamento al lado de la carretera donde reclaman acceso a las tierras. Ocupan este espacio para exigir una investigación exhaustiva de lo que realmente ocurrió ese fatal 15 de junio y asi llevar a la justicia a los verdaderos responsables.

Menos de una semana antes del nuevo tiroteo, la comunidad conmemoró  el segundo aniversario en honor a las víctimas de la masacre en el mismo sitio donde ocurrió. La campaña Jóvenes sin tierra también organizó un festival de música en Asunción, la capital del país, al cual asistieron más de 5,000 personas y sacó a la luz pública la difícil situación de la comunidad de Curuguaty.

El tiroteo aparece como una respuesta a esos esfuerzos organizados, revelando que fuerzas obscuras siguen existiendo en el país, incluso después de 25 años desde el fin de la dictadura. La lucha por el derecho a la tierra en Paraguay es, literalmente, una cuestión de vida o muerte.

Yo me sorprendí por los paralelos entre los problemas de derecho a la tierra de las comunidades en Paraguay y en Camboya. En el caso de la comunidad que visité en Camboya, aunque la ley está claramente al lado de la comunidad, ya han sido 4 años desde su desalojo ilegal, y sus esfuerzos para el reconocimiento de sus derechos no han tenido resultado. Una mujer camboyana me contó que en su familia de 10, solamente uno tiene trabajo, y que sin tierra para producir alimentos tienen dificultades para alimentar a toda la familia. “Queremos nuestra tierra de vuelta” era un lamento común mientras explican que cualquier tipo de compensación que podrían recibir no sería adecuada para mantener sus medios de subsistencia a largo plazo. Tampoco creen que ofertas de tierras alternativas serán de buena calidad para sus necesidades.

En ambos casos las familias afectadas dicen que no se dejarán intimidar y que seguirán persiguiendo sus derechos. Sus esfuerzos valientes en Paraguay y en Camboya merecen la expresión pública de soporte y solidaridad. Espero que no se prosiga la nueva intimidación reportada en Paraguay y que no ponga en mayor riesgo las vidas de las familias y jóvenes de Curuguaty.

Súmate a la campaña “Jóvenes sin tierra = tierra sin futuro” para apoyar sus justas reivindicaciones al derecho a la tierra y a la justicia.

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