Crónicas de un golpeado Paraguay – Parte II

Oscar López, director de Oxfam en Paraguay, continúa su crónica sobre la salida forzada del ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo el pasado 22 de junio. En su primera publicación recreó la cuenta atrás de la destitución y nos contó lo que parece haber detrás de ésta.  En esta entrada Oscar nos habla de otros tres hechos que pudieron haber influido en la decisión de sacar al Lugo del poder.

Todo empezó en 2008. Desde el inicio de su mandato, Lugo fue abiertamente hostigado por los grandes medios de prensa, el parlamento y sectores económicos muy poderosos, como los productores de soja y ganaderos, a causa de su proximidad con sectores sociales y de izquierda. Pero ahí nacería la primera de las tensiones: el reclamo de los sectores campesinos por una reforma agraria y la recuperación de tierras malhabidas, generaría varias crisis porque el gobierno de Lugo no sabría atender ni las demandas ni la oposición que éstas ocasionaban.

Tampoco supo manejar la parálisis legislativa. Los últimos tres años y medio, el parlamento se constituyó en el centro de obstrucción a todo intento de cambio: bloquearon el nombramiento de embajadores, atacaron las políticas sociales que se intentaba desarrollar, suspendieron la aplicación del Impuesto a la Renta Personal y para el 2012 aprobaron un presupuesto inflado sin prever los recursos que se necesitarían para ejecutarlo. El Parlamento intentó en más de 20 ocasiones enjuiciar al Lugo, pero el contrapeso hecho por los sectores sociales -especialmente organizaciones campesinas-, la negativa del Partido Liberal y la aprobación popular de Lugo, se lo impidieron.

El empresariado también actuaron –y con papel protagónico- en esa historia. Los agroexportadores y ganaderos siempre confrontaron y rechazaron las reformas mínimas impulsadas por Lugo, incluidos los cambios del sistema tributario. Todo intento de investigar los casos de tierra malhabida fue calificado como persecución a la producción y al trabajo, criminalizando la lucha de sectores campesinos con fuerte apoyo de los medios de comunicación. El esfuerzo del gobierno por regular el uso de agroquímicos y la propiedad de la tierra afectó intereses de estos grupos de poder vinculados a grandes transnacionales y opuestos radicalmente a esas regulaciones.

Completando el rompecabezas

En ese escenario de confrontaciones y amenazas a grandes intereses, se enmarcan tres hechos que ayudan a comprender las acciones y reacciones de los partidos políticos tradicionales antes y durante el juicio político a Lugo:

1) Febrero de 2012. Luego de una crisis en una ocupación campesina en Ñacunday, Lugo interviene el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), cuyo nuevo responsable empieza a publicar casos de tierras malhabidas que involucraban a políticos y empresarios muy importantes.

2) 25 de mayo del 2012. Grupos de jóvenes utilizan las redes sociales para movilizar a más de 5.000 personas contra el rechazo de los diputados a un veto del Presidente Lugo. ¿Qué se vetaba? Lugo había dicho no a una reprogramación presupuestaria aprobada por el legislativo, que pretendía entregar más de 150 mil millones de Guaraníes (USD 32 millones) al organismo electoral, donde los parlamentarios emplean a más de 10 mil operadores políticos nombrados por ellos mismos para impulsar sus actividades partidarias. La movilización logra que los parlamentarios acepten el veto, lo que les supuso la pérdida de unos recursos que solían utilizar discrecionalmente para sostener a sus operadores y clientela política; y

3) 15 de junio de 2012. La propiedad reclamada por los campesinos en el caso de Curuguaty dejó en evidencia qué es exactamente una tierra malhabida: miles de hectáreas fueron cedidas irregularmente a Blas Riquelme, empresario amigo del exdictador Stroessner; a pesar de que Riquelme no contaba con títulos de propiedad, un Juez ordenó el desalojo de los campesinos que ocupaban parte de esas tierras. La propiedad fue finalmente adjudicada al empresario por la Corte Suprema de Justicia en un juicio por usucapión.

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Estos tres hechos pusieron seriamente en tela de juicio el rol del Parlamento y de la justicia y desnudaban los privilegios sostenidos por ese sistema de corrupción judicial y política. Además, sirvieron para que la ciudadanía tomara fuerza y confianza y se movilizara para exigir otras demandas: un sistema de elección más abierta y contra las “listas sábanas” de los partidos políticos; un juicio a miembros de la Corte Suprema de Justicia y la aprobación del Impuesto a la Renta Personal, entre otros.
Los partidos tradicionales empezaban a inquietarse. Necesitaban recuperar el poder y así lo hicieron.