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Captura política y desregulación ambiental: un caso en el Perú

Mayormente, los casos de captura política se producen y manifiestan en el ámbito tributario,[1] con los lobbies y cabilderos demostrando su eficacia en la medida en que sus clientes logran reducir sus obligaciones de pago de impuestos. Sin embargo, el tema tributario no es el único en donde las elites buscan modificar la normatividad existente en su favor: la degradación de las regulaciones ambientales y el relajamiento de las sanciones aplicables por infracciones contra el medio ambiente, son otras áreas donde las elites aplican su poder con el fin de adquirir y preservar privilegios. Tal es el reciente caso que se viene observando en el Perú, donde el Gobierno, influenciado por los lobbies y grupos de poder económico, viene dando marcha atrás en diversas regulaciones ambientales que habían sido establecidas hace pocos años atrás pos ese mismo Gobierno.

Para entender este fenómeno debe tenerse en cuenta que durante la década del 2000 al 2010 la economía peruana alcanzó un nivel de crecimiento impresionante. Gracias al boom de los precios de materias primas minerales, las cifras macroeconómicas mostraron una positiva evolución, y, asimismo, se dio una significativa reducción de la pobreza monetaria. No obstante, la mayoría de la población peruana mantuvo una actitud de alienación frente a los asuntos públicos, percibiendo que las políticas fiscales no eran imparciales y no habían garantizado un desarrollo inclusivo y sostenible, siendo percibido el Estado Peruano como un ente ineficaz en combatir la desigualdad y la exclusión estructural, estando más bien al servicio de los intereses de las elites.

En este contexto, las condiciones estaban maduras para una reforma política y económica. Así, el Presidente Ollanta Humala ganó las elecciones del 2011 como un candidato antisistema, tras superar una férrea oposición de las elites peruanas y gracias a un discurso progresista centrado en la inclusión social, combinado con una propuesta para reevaluar la relación existente entre las industrias extractivas, el estado y la sociedad.[2]

De esta forma, al principio de su régimen, Humala promulgó una serie de medidas progresistas en el campo ambiental y social, incluyendo la Ley de Consulta Previa de Indígenas y Pueblos Originarios, la Ley de Vigilancia del Medio Ambiente, y el establecimiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Inversión Sostenible (SENACE).[3]

Sin embargo, este período de medidas progresistas no duró mucho tiempo. Las contradicciones internas al interior de la improvisada coalición política que impulsaba a Humala, combinadas con un lobby sistemático y campaña mediática por parte de las elites peruanas, generaron un gradual pero sostenido viraje en el discurso y en las prácticas del Gobierno, que poco a poco adoptó políticas ortodoxas, considerando cada vez más a las industrias extractivas como la base para el crecimiento económico del país. En consecuencia, los ministros y funcionarios públicos que resistían tal viraje, fueron sustituidos por tecnócratas ortodoxos, respaldados por los organismos multilaterales y las empresas, junto con individuos fuertemente vinculados a poderosos intereses económicos.[4]

Como resultado, el Gobierno del  Perú ha retrocedido claramente en una diversidad de temas ambientales, así como en el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas para la realización de proyectos de las industrias extractivas en sus territorios ancestrales. En efecto, en respuesta al reclamo de la gran minería, que afirma que la ley de consulta previa haría inviable las futuras inversiones mineras, el presidente Humala declaró en abril de 2013 que las comunidades indígenas ubicadas en los Andes peruanos habían avanzado en su integración con el resto de la sociedad nacional al grado en que ya no sería necesaria una consulta previa en merito a su condición de ser indígena. [5]

En dicho proceso jugaron un papel clave los lobbies mineros y los medios de comunicación afines a este sector, que difundieron información imprecisa y sesgada para retratar las regulaciones ambientales como factores negativos que desalentaban la inversión privada. Consecuentemente, el gobierno limitó el mandato de las agencias ambientales para imponer multas por incumplimiento, acortó los plazos para revisar los estudios de impacto ambiental y emitir licencias, y anuló la facultad del Ministerio del Ambiente para establecer reservas naturales y áreas protegidas.

Reflejando el cambio de orientación del gobierno, el actual Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, es un ex consultor y asesor para el sector petrolero, lo que ha generado controversias respecto a la neutralidad y la independencia de su gestión al frente del Ministerio. Así, el Sr. Mayorga ha presionado fuertemente para degradar las normas medioambientales, declarando públicamente que tales regulaciones son una barrera contra las inversiones privadas e innecesariamente onerosas.[6]Asimismo, e-mails filtrados han confirmado las fracturas internas dentro del Gobierno de Humala, con el Ministro de Energía y Minas enfrentado al Ministro del ambiente debido a la ofensiva que el Sr. Mayorga encabeza en contra de las normas y regulaciones ambientales.[7]

Igualmente han generado controversia las consultas hechas por el Ministerio de Energía y Minas con compañías petroleras para modificar regulaciones con el fin de permitir las actividades de exploración sísmica sin requisito de estudios de impacto ambiental aprobados previamente. El hecho de que dichas consultas sólo llegaron a ser de conocimiento público gracias a e-mails filtrados ha contribuido a generar  aún más preocupación respecto a su actuación con funcionario público. Como consecuencia, el Sr. Mayorga ha sido sometido a pesquisa parlamentaria[8], con diversos sectores políticos demandando su despido por una supuesta falta de transparencia e indicios de conflicto de interés, incluyendo la firma de dispositivos legales que específicamente benefician a una compañía petrolera que previamente había contratado sus servicios como consultor.[9] No obstante, el Gobierno ha sido firme en su apoyo de Mayorga, con el presidente Humala respaldándole públicamente.[10]

Lo que está pasando en el Perú no debe considerarse un caso aislado, pues alrededor del mundo se observan episodios similares de captura política, con las élites empujando por la desregulación y debilitamiento de las normas ambientales con el fin de promover las inversiones y el crecimiento económico, utilizando su influencia dentro del gobierno para avanzar su agenda. Por ejemplo, en India, el gobierno nacional y el sector empresarial vienen promoviendo la reducción del mandato de la Ley del Tribunal Verde Nacional, instancia que está a cargo de la revisión del cumplimiento ambiental por parte de los proyectos de inversión, así como de la Ley de Derechos Forestales que regula el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades tribales.[11] Del mismo modo, en Canadá, el gobierno conservador ha emprendido un masivo esfuerzo para reacondicionar y relajar las normativas medioambientales, con el fin de promover proyectos de las industrias extractivas, lo cual ha planteado preocupaciones sobre cómo esta reforma ha aumentado el poder del gobierno para decidir discrecionalmente el alcance de las evaluaciones ambientales y debilitado la transparencia de dichas evaluaciones.[12] Así, como el caso de Perú y otros países demuestran, la captura política no es sólo una cuestión de reducción de los impuestos, sino también de reducir las normas medioambientales, poniendo en real riesgo el bienestar presente y futuro del medioambiente y de la sociedad.

 

[1] Entendemos por captura política el control e influencia desproporcionada y no regulada que los grupos de poder ejercen sobre el Estado, manipulando y cooptando las instituciones y políticas públicas, utilizándolas como palanca y canales para acumular poder político y económico.

[2] http://www.economist.com/node/18805443

[3] http://www.bbc.com/news/world-latin-america-14812506

[4] http://gestion.pe/politica/viceministro-interculturalidad-renunciaria-ante-disputa-consulta-previa-2065004

[5] http://www.peruviantimes.com/07/peru-deputy-minister-steps-down-to-protest-consultation-law/18994/

[6] http://www.reuters.com/article/2014/03/26/us-peru-minister-permits-idUSBREA2P26C20140326

[7] http://www.ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=9386&tip=especiales

[8] http://peru21.pe/politica/eleodoro-mayorga-censura-congreso-republica-conflicto-intereses-interoil-2199750

[9]http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=472315831&Country=Peru&topic=Politics&subtopic=Forecast&subsubtopic=

Political+stability&u=1&pid=192307603&oid=192307603&uid=1

[10] http://elcomercio.pe/politica/gobierno/humala-sobre-mayorga-no-he-visto-conflicto-intereses-noticia-1724610?ref=nota_politica&ft=contenido

[11]http://www.hindustantimes.com/business-news/for-biz-push-govt-to-relax–green-laws/article1-1258614.aspx

[12]http://www.theglobeandmail.com/news/politics/budget-bill-gives-harper-cabinet-free-hand-on-environmental-assessments/article4105864/

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